Firma contra la represión
El pasado 2023 cerraba con la peor noticia para quienes esperan que en esta legislatura se tomen medidas contundentes contra la Crisis Climática. La Policía Nacional cerraba el año con 22 detenciones a activistas climáticas del colectivo Futuro Vegetal, acusadas de conformar una organización criminal.
Futuro Vegetal demanda al Gobierno que derive las actuales subvenciones de la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales para garantizar la seguridad alimentaria en el nuevo contexto climático, tal y como viene reclamando la comunidad científica desde hace años. El grupo utiliza la Desobediencia Civil, reconocida por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como un método de protesta legítimo. Naciones Unidas nombró a Michel Forst en 2022 como primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente, quien visitó el estado español el pasado año y, en una entrevista concedida a El País, mostró gran preocupación por las elevadas condenas judiciales contra activistas climáticas, así como de la criminalización que políticos las estaban sometiendo al denominarlas “ecoterroristas”.
En concreto, Futuro Vegetal es un colectivo conocido por sus numerosas protestas en las que activa e intencionalmente crean las condiciones de seguridad necesarias para eludir la comisión de delitos. Como en numerosas ocasiones han repetido sus portavoces, cuando lanzan pintura sobre alguna superficie utilizan siempre zumo de remolacha o témpera al agua, ambos materiales fácilmente lavables con un poco de agua. El ejemplo más pragmático del conjunto de acciones climáticas ejecutadas por el colectivo, y que se enmarcan en esta dinámica, es la protesta de las “Majas de Goya”, en la que las activistas se pegaron al marco de la obra, evitando recurrir a otros actos que hubieran podido causar algún daño a la obra. El colectivo ni siquiera tiene ninguna condena judicial por su actividad reivindicativa.
El Código Penal exige para considerar a un grupo como organización criminal que el fin de éste sea la comisión de delitos. Entender que un colectivo cuya finalidad es proteger los recursos hídricos del estado frente al avance de las grandes corporaciones cárnicas mediante el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta es una aberración ética y jurídica que compromete el derecho a la protesta de toda la sociedad. Las leyes deben proteger a la población, no condenarla a contemplar pasivamente cómo se destruye nuestro futuro sin que podamos hacer nada para evitarlo.
Por ello, todas las abajo firmantes condenamos las actuaciones de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska y conminamos al ejecutivo a que corrija esta situación, despenalizando las protestas y derogando la sobradamente conocida Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana; asumiendo que todas nos beneficiamos individual y colectivamente de las actuaciones de colectivos como Futuro Vegetal.
Si tú también quieres sumar tu apoyo a este comunicado, puedes hacerlo aquí.
Firmas a 12 de febrero de 2024: